Glosa de la Fiscalía de Guanajuato, un informe a modo.

Los Diputados del Partido Verde decidieron no asistir a la simulación del Informe de la Fiscalía
del Estado porque es un simulacro, ya que la dinámica que se realizó durante la misma, no es
suficiente para obtener respuestas de los resultados de una fiscalía que gastó 3,500 millones
de pesos, pero tiene hasta un 95% de cifra negra.

De cada 100 delitos que se denuncian, solo dos se procesan. Tenemos un fiscal que vive
enclaustrado en un búnker fuera de la realidad de los guanajuatenses.

“El problema de fondo es que tenemos una metodología que diseñó Acción Nacional a modo
para proteger al fiscal”, indicó el Diputado Gerardo Fernández. Con solo dos minutos para
preguntar por diputado, sin repreguntas y sin posicionamiento de grupos parlamentarios,
desconocemos a qué le temen, pero la metodología no es la correcta para obtener respuestas,
ya que resguardan a la fiscalía y no dan certeza a los ciudadanos.

“La Fiscalía miente”, aseguró la Diputada Martha Ortega Roque, y cuestionó la manera en que
se están calificando los homicidios de mujeres como feminicidios. “Resulta preocupante que de
los más de 380 homicidios dolosos de mujeres en 2022, solo 21 hayan sido calificados como
feminicidios en Guanajuato. Existen 21 carpetas abiertas por feminicidio, de las cuales solo 2
tienen sentencia condenatoria”, aseguró.

A pesar de que el número de mujeres asesinadas en Guanajuato ha aumentado año tras año,
ha habido una disminución en el número de casos calificados como feminicidios. En 2021 se
reportaron más de 340 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales solo 30 fueron
investigados como feminicidio. En 2020 hubo más de 380 homicidios dolosos, de los cuales
solo 19 fueron investigados como feminicidio.

Tristemente, el fiscal nos dijo que de las 15,913 mujeres atendidas, solamente 2,991 tuvieron la
valentía de denunciar a su agresor; de las carpetas de investigación iniciadas, solo se llevaron
ante el juez 276 y solo se lograron 13 sentencias a favor de la víctima. Estamos hablando de
que el 99.5% de las mujeres que se animaron a denunciar y a confiar en la fiscalía, NO
encontraron JUSTICIA.

Reafirmando que la fiscalía no le da un seguimiento real a las víctimas y sus familias, siendo
así un cómplice de los delincuentes y agresores.

No solo esto, los datos de denuncias de la comunidad LGBTQI, son alarmantes y no existe
justicia para este sector en ningún sentido. De 655 personas atendidas, 638 carpetas de
investigación iniciadas, solo 31 fueron llevadas ante el juez y en ninguna se ha obtenido
sentencia firme a favor de la víctima. Dicen que brindan una atención con respeto a los
derechos humanos y enfoque diferenciado, pero los datos nos indican que el seguimiento es
deficiente.

Los Diputados del Partido Verde, no seguiremos apoyando al PAN en decisiones unilaterales
que solo aparentan preocuparse por los ciudadanos, cuando en realidad mienten y permiten el
engaño de las cifras reales.